El BOE publica hoy la reforma del reglamento interno de la Conferencia de Presidentes, la reunión entre el presidente del Gobierno y los de las comunidades autónomas. Aprobada por consenso de los presidentes autonómicos que acudieron a la cita del pasado 17 de enero -faltaron Urkullu (Euskadi) y Puigdemont (Cataluña)-, otorga nuevas funciones al Comité Preparatorio, un ente dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría y con la presencia de un consejero por comunidad autónoma que hasta ahora se dedicaba solo a establecer el orden del día y preparar la documentación necesaria para esos encuentros.

El cambio empieza por el nombre: pasa de Comité Preparatorio a Comité Preparatorio, de Impulso y Seguimiento. La más importante de sus nuevas funciones es la facultar de adoptar “las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados por la Conferencia de Presidentes”. No detalla a qué tipo de medidas se refiere y está por ver hasta qué punto puede exigir el cumplimiento de las mismas a las comunidades autónomas que no participen en los encuentros, por ejemplo.

La Conferencia de Presidentes, según su reglamento aprobado en 2009, puede tomar dos tipos de decisiones: las recomendaciones, que tienen luz verde si están de acuerdo dos tercios de los presidentes presentes en la reunión y solo les compromete a ellos; y los acuerdos, con mucho más peso, que suponen un “compromiso político” y se deben tomar por consenso de todos los presidentes autonómicos presentes en la Conferencia. Un consenso que, eso sí, es válido siempre que hayan acudido a la reunión al menos 13 presidentes autonómicos y, por lo tanto, se pueden aprobar sin la participación, como pasó en enero, de Urkullu y Puigdemont.

Otras de las funciones que añade la modificación del reglamento publicada hoy en el BOE al Comité Preparatorio es la “coordinación de las actuaciones de las diferentes Conferencias Sectoriales” y la preparación de un informe anual sobre el estado de cumplimiento de acuerdos y recomendaciones que se enviará a la Conferencia de Presidentes.

La última de esas reuniones, celebrada el 17 de enero y que aprobó esta modificación, aprobó acuerdos relativos a políticas de empleo, protección civil, “reto demográfico”, educación, protección a consumidores vulnerables de energía eléctrica y la reforma del sistema de financiación autonómica.

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