El CSN nombrará a un subdirector de ingeniería y un jefe de proyecto de central nuclear por libre designación

Etiquetas

,

  • El boletín recoge la convocatoria de 47 puestos mediante este sistema
  • Se utiliza para adjudicar puestos de responsabilidad a funcionarios
  • El Consejo está formado por ex diputados y altos cargos de PP, PSOE y CiU

El BOE de hoy recoge la convocatoria de 47 puestos por el sistema de libre designación: los aspirantes envían su curriculum y el encargado del departamento elige a quien ocupará el puesto según su propio criterio y sin concurso público. Este sistema se utiliza para adjudicar puestos a funcionarios de carrera, esto es, personal que ya aprobó unas oposiciones de ingreso pero al que se le nombra para un puesto concreto -un ascenso o cambio de trabajo- a dedo.

Pero, ¿qué cargos se pueden nombrar mediante este sistema? El reglamento deja la puerta abierta a casi todos (atentos al final de la cita): “Sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores territoriales, provinciales o Comisionados de los Departamentos ministeriales, de sus Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Secretarías de Altos Cargos de la Administración y aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.”

Entre las convocatorias publicadas hoy encontramos, por ejemplo, 18 directores territoriales de comercio. En casos como este el debate está en qué cargos deben calificarse de confianza o especial responsabilidad y cuáles, por su carácter técnico, deberían ser evaluados mediante un concurso público. Este debate se recrudece si atendemos, por ejemplo, a la convocatoria de dos puestos en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), del mismo boletín: un subdirector de ingeniería y un jefe de proyecto de central nuclear.

Tal y como marca la convocatoria, podrán acceder funcionarios del Grupo A1 (licenciados) adscritos a la administración A4: personal funcionario del propio Consejo de Seguridad Nuclear pero, también, de la Administración del Estado en general. La elección de los candidatos a cubrir las plazas dependerá -al menos formalmente- de Fernando Martí Scharfhausen, Ingeniero de Minas, quien fue secretario de Estado de Energía en el Ministerio de José Manuel Soria hasta que fue propuesto por el PP y nombrado presidente el pasado 21 de diciembre. Durante más de 12 años había sido vicepresidente de la Comisión Nacional de la Energía y ha desarrollado buena parte de su carrera en empresas como Repsol.

De hecho, el concejo del CSN está formado por cinco miembros, de los cuales tres han sido diputados y dos han ejercido altos cargos, en un caso paradigmático del reparto de sillas en órganos que deberían ser independientes entre PP, PSOE y, en este caso, CiU. Además, la secretaria general del CSN, María Luisa Rodríguez López es una abogada proveniente del consejo de Telefónica sin conocimientos técnicos conocidos sobre la seguridad nuclear y nombrada por Real Decreto el pasado mes de abril.

La elección por libre designación de los puestos convocados hoy se ajusta, a simple vista, a la normativa vigente. Pero cabría preguntarse si a la hora de valorar las aptitudes de un funcionario para un puesto de “especial responsabilidad” y de carácter técnico, como en estos casos, no deberían medirse bajo los criterios objetivos que implica un concurso público en lugar de a través del nombramiento a dedo.

Buenos días.

El Gobierno indulta a un empresario sevillano que estafó millones de euros a Aena en los años 90

  • Vació las arcas de cuatro sociedades que dirigía para declararlas en quiebra
  • Gestionaba la restauración de seis aeropuertos españolas del 89 al 94
  • Un funcionario condenado podrá recuperar su puesto gracias a otro indulto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó el pasado 19 de abril un Real Decreto -publicado hoy en el BOE- para indultar a Antonio Manuel Morales Fernández, un empresario sevillano condenado en marzo de 2011 por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de insolvencia dolosa. La pena sumaba tres años y diez meses, que la medida de gracia concedida por el Gobierno deja en dos años -para poder evitar la cárcel-.

El indultado fue condenado por “descapitalizar” cuatro sociedades a su cargo encargadas de la restauración de varios aeropuertos españoles, “desentendiéndose de manera intencionada de las obligaciones y deberes que tenía asumido [sic] con proveedores, empleados, empresa concesionaria y entidades financieras”, tal y como concluye la sentencia de la Audiencia Nacional.

A través de las cuatro firmas, Morales regentó los servicios de cafetería y restauración de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera entre 1989 y 1994. Gracias al aval que le otorgaban estos contratos, firmó acuerdos millonarios con proveedores y, durante años, vació las arcas de las empresas que dirigía a través de sociedades pantalla, un entramado de movimientos de capital entre las distintas empresas, facturas falsas por “conceptos imaginarios”, la concesión de préstamos a los mismos socios que nunca devolvían o incluso métodos algo más burdos, como la retirada de efectivo.

Consciente de la situación que había provocado en las empresas, en mayo de 1994 nombró testaferro de todas ellas a la abuela de su cuñada, una mujer de entonces 74 años, y las declaró en quiebra, dejando deudas millonarias a Aena, el Banco Santander y los proveedores. Diferentes juzgados declararon fraudulentas todas esas quiebras y finalmente, en 2011, fue condenado por la Audiencia Nacional.

El nombre de Antonio Manuel Morales Fernández también apareció a principios de los 90 relacionado con Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra y delegado del Gobierno en Sevilla. El empresario, amigo de Guerra según sus propias declaraciones, fue acusado de recibir trato de favor en concesiones aeroportuarias gracias a esa relación.

El BOE de hoy también recoge el indulto de Ángel Echevarría Valero, condenado por un delito consumado de falsificación de documento oficial de funcionario público en el ejercicio de sus funciones en el año 2003. En este caso, el Gobierno cambia la condena por inhabilitación por una de suspensión, lo que significa que Echevarría podrá volver a su puesto una vez cumplida la pena (en el caso de la inhabilitación, habría perdido la plaza).

Buenos días.

Asturias adjudica un contrato de casi 1,8 millones a una empresa vinculada al teniente de alcalde de Oviedo

  • En 2011, Jaime Reinares Fernández declaró poseer acciones en la compañía
  • Uno de los consejeros de la firma es Tomás Reinares Fernández

El Principado de Asturias ha publicado hoy en el BOE la formalización del contrato para el mantenimiento de sus sistemas de información. Dos de los tres lotes adjudicados, que suman un total de 1.794.659,9 euros, han recaído en la empresa Seresco, vinculada al primer teniente de alcalde y concejal de economía de Oviedo, Jaime Reinares Fernández, afiliado al PP desde 1987 y que ha ocupado diversos cargos en la dirección autonómica del partido (durante más diez años fue vicepresidente regional), además de haber sido senador y diputado.

De hecho, es en su declaración de bienes como diputado de 2011 -que ya no está disponible en la web del Congreso pero que conservamos gracias al especial que publicó El País- en la que encontramos a esta firma asturiana, dedicada a ofrecer servicios informáticos: Jaime Reinares declaró entonces poseer acciones de la empresa por valor de 59.776 euros. Además, sus apellidos coinciden exactamente con uno de los consejeros de la compañía, Tomás Reinares Fernández, quien aparece en varios documentos oficiales (aquí, un ejemplo) como consejero delegado de Seresco.

El contrato, adjudicado por procedimiento urgente, incluye tres lotes. Los dos adjudicados a esta compañía son el B (sistemas cliente/servidor Oracle Developer y sistemas de información J2EE relacionados), adjudicado por 1.295.359,45 euros y que había sido presupuestado en 1.884.154,64; y el C (sistemas cliente/servidor CA-INGRES, Lotus/Notes y Visual-Basic/Access), adjudicado por 499.300,45 euros y que había sido licitado por 573.909,12. Ambos lotes son por dos años de servicio.

Al primero de ellos se presentaron siete empresas y al segundo sólo dos. Aunque la adjudicataria en un primer término del lote C fue Software AG, la mesa de contratación la retiró del concurso al considerar que no había acreditado disponer de los medios personales y materiales necesarios para ofrecer el servicio y finalmente firmo el contrato con Seresco.

Buenos días.

El Tribunal de Cuentas investiga sobresueldos a altos cargos de Salut de Balears durante 2007

  • Personal directivo de atención primaria recibió sueldos mayores a los marcados
  • En total, la investigación calcula que cobraron 26.495,07 euros de más

El Tribunal de Cuentas está llevando a cabo un juicio contable para investigar por qué el personal directivo de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca y las áreas de Salud de Ibiza y Formentera recibieron retribuciones salariales superiores a las que marcaban los Presupuestos Generales para el año analizado, 2007.

En total, la entidad considera que se gastaron 26.495,07 euros de más en esos sueldos. Durante 2007, año de elecciones, el gobierno balear pasó de estar en manos de Jaume Matas (PP) a Francesc Antich (PSIB-PSOE). Así, hasta junio de ese año, la consellera de Salut era la popular Aina Castillo, una de las imputadas del círculo de Matas en el caso Over, que estudia la adjudicación de un contrato a Over Market para la publicidad del Hospital de Son Espases a cambio de supuestos pagos y favores al partido.

A partir de junio, ya con los socialistas en el poder, el encargado de dirigir la sanidad en la comunidad autónoma era Vicenç Thomàs. El anuncio del Tribunal de Cuentas no especifica en qué época del año se produjo el descubierto en los fondos públicos.

Buenos días.

Ocho meses de viruta para la cama de los caballos de la Guardia Real: 181.530 euros a cargo de Defensa

  • El gasto de la Casa Real para las arcas públicas sigue siendo un misterio
  • Defensa adjudica el contrato en condiciones peores que las de licitación
  • La empresa suministrará 682.443,6 kilos a las instalaciones de El Pardo

¿Cuánto cuesta mantener la Casa Real? Como la cifra sigue siendo un misterio no desglosado en los presupuestos de Defensa (Guardia Real), Interior (seguridad), Exteriores (viajes), Presidencia (protocolo, funcionarios) y Administraciones Públicas (parque móvil) y que poco tiene que ver con los 7,93 millones de euros que consignan directamente las cuentas de 2013, seguimos sumando pequeñas partidas gracias a los anuncios de contratación publicados en el BOE.

A los 128.000 euros que gasta Presidencia en la decoración floral de las cenas de gala y los 138.764 euros en los que presupuestó el Ministerio de Defensa el heno para los caballos de la Guardia Real se suman ahora 181.530 euros para la viruta de cama de esos mismos caballos.

Defensa ha adjudicado a la empresa ANPI XXI -la misma que se encarga del suministro de heno- el contrato de viruta de cama para el ganado equino de la Guardia Real desde la formalización del contrato, publicada hoy pero con fecha de 2 de mayo, hasta el 31 de diciembre de este año, algo menos de ocho meses. La viruta debe ser de pino blanca y exenta de polvo. La firma elegida es una de las tres que se presentaron al concurso y se llevó la puntuación máxima: un 100%.

El criterio más importante para la valoración -un 80%- era el precio unitario por kilo pero la oferta final de la adjudicataria, en realidad, supone peores condiciones económicas que las presupuestadas. En concreto, aunque en la licitación se calculaba que los 181.530 euros daban para 803.230 kilos de virutas, la formalización del contrato incluye un suministro mucho menor con destino a El Pardo: 682.443,6 kilos por el mismo precio.

Son partidas menores, comparadas con el gasto global que supone la Corona y que sigue siendo un misterio. Pero son las únicas a las que, por el momento, tenemos acceso de forma pública.

Buenos días.

El Tribunal de Cuentas pide que se sancione a entidades financieras y proveedores de partidos políticos que se nieguen a rendirle cuentas

Etiquetas

,

  • La institución reclama más transparencia en las cuentas en cada comisión
  • Insiste en la importancia de hacer públicas las condonaciones de deuda

La falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos es más una cuestión de actitud que de medios. A nadie se le escapa que el retraso acumulado del Tribunal de Cuentas pervierte la idea de una rendición de cuentas realmente efectiva pero, pese a esas trabas, lo cierto es que la institución reclama en cada uno de sus informes medidas para acabar con esa opacidad endémica. Peticiones que no suelen ser atendidas.

La última de estas reclamaciones viene acompañada del informe de fiscalización sobre las elecciones municipales de 2011, publicado el pasado mes de octubre y del que se destacó, entre otras cosas, el hecho de que PP y PSOE cargaran los bocadillos como gasto electoral. En la Comisión Mixta del Congreso para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, convocada a raíz de ese documento y cuyo balance ha publicado hoy el BOE, la entidad reclama al Gobierno que imponga sanciones a las entidades financieras y proveedores de partidos políticos que no colaboran con el órgano fiscalizador.

El Gobierno, como solución al problema, propone al tribunal que “identifique” a esas entidades o empresas que incumplen sistemáticamente su deber de colaboración y que, pese a todo, siguen teniendo relaciones económicas con los partidos políticos.

En esa misma comisión, el Tribunal de Cuentas recuerda a las formaciones políticas la obligatoriedad de informar, a tiempo, de las condonaciones de deuda que les otorguen las entidades financieras; y les insta a que “garanticen el principio de concurrencia de empresas” en el procedimiento de adjudicación de aquellos gastos electorales que sean más significativos, entre otras recomendaciones encaminadas a garantizar la transparencia en sus cuentas.

EL PLAN DE CONTABILIDAD DEBE INCLUIR A LAS FUNDACIONES

El mismo BOE recoge las características detalladas del plan de contabilidad que deberán presentar las formaciones políticas al Tribunal de Cuentas a partir del 1 de enero de 2014. El Tribunal de Cuentas recuerda que los partidos tendrán que incluir en sus cuentas, que deberán presentar como máximo seis meses después del fin del ejercicio, a las fundaciones y asociaciones juveniles vinculadas. Además, recuerda una vez más que el balance debe incluir las condonaciones de deuda y un registro claro de los ingresos, tanto públicos (subvenciones) como privados (donaciones).

Eso sí, en línea con los parámetros que marca la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, el desglose de esas donaciones privadas seguirá siendo un misterio y no podremos saber qué empresas y particulares invierten en campañas o funcionamiento ordinario de las formaciones políticas.

La insistencia del Tribunal de Cuentas sobre la transparencia de las condonaciones de deudas a los partidos políticos le llevó a pedir al Banco de España datos sobre este trato de favor de las entidades financieras para poder realizar un informe. Pero el Banco de España le negó esta información.

Buenos días.

La Generalitat de Catalunya gasta más de cuatro millones y medio de euros al año en viajes

El BOE recoge las bases del acuerdo marco de la Generalitat de Catalunya para los servicios de gestión y asistencia en viajes durante un año por un valor de 4.598.000 euros (3.800.000 más el IVA del 21%). El gobierno catalán seleccionará, teniendo en cuanta principalmente criterios económicos, un máximo de 15 agencias de viajes entre las que se presenten a la convocatoria. Las elegidas podrán ser contratadas por los diferentes organismos públicos para los viajes de representación o de servicio a partir del 14 de julio de 2013.

La Generalitat valorará las ofertas dependiendo de los cargos por emisión de billete y los descuentos que ofrezcan las agencias de viaje, entre otros baremos. Para valorar el gasto estimado del acuerdo marco, ha tenido en cuenta el coste efectivo en viajes de los distintos organismos públicos adscritos desde julio de 2011 a julio de 2012, tal y como se detalla en los pliegos.

En concreto, durante esa época se gastaron 883.368,17 euros en vuelos intercontinentales, 654.323,34 euros en vuelos dentro de Europa, 489.475,19 en trenes Barcelona-Madrid y 860.138,14 en hoteles (466.890,05 en estancias nacionales y 393.248,09 en alojamientos internacionales). Además, destacan dos partidas sin especificar, la de ‘otros servicios en hoteles’: 1.523,00 euros; y la más genérica aún de ‘otros servicios’ (213.391,29 euros), que podría estar relacionada con gastos de protocolo. El cargo por emisión de billetes fue, durante ese año, de 78.163,18 euros. A todas estas cantidades hay que sumarles el IVA.

El acuerdo marco se podría prorrogar durante otro año, con lo que el gasto previsto aumentaría hasta 9.196.000 euros. Estos contratos permiten hacerse una idea genérica del gasto en estos conceptos, pero se hace difícil valorarlos sin conocer el desglose y las facturas de cada uno de los viajes.

Lo que sí podemos hacer es registrar -para hacernos una idea, sin intención de comparar instituciones con distinta magnitud y funciones- el coste de estos servicios en otras administraciones públicas. En lo que llevamos de año, el BOE ha recogido varios contratos de gestión de viajes. Aragón, por ejemplo, presupuestó este apartado en 2.810.692,76 euros al año. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social calcula un límite de un millón de euros + IVA anuales, Fomento 4.840.000 euros/año (un cálculo muy similar al de la Generalitat) y el Ministerio de Exteriores contrató la gestión y asistencia técnica de los viajes del departamento por 5.071.430 euros.

Buenos días.

Gallardón rectifica y desvincula la afiliación sindical de los ficheros de trabajadores expedientados

  • Corrige una orden publicada hace dos meses y que incumpliría la LOPD
  • Sólo se destacará si el expedientado es representante de los trabajadores
  • En el caso del personal laboral se seguirá incluyendo la afiliación

El pasado 20 de febrero nos encontrábamos en el BOE una disposición del Ministerio de Justicia por la que se creaba un fichero relativo al régimen disciplinario de los empleados públicos del departamento, para gestionar las investigaciones y expedientes internos, que incluía la afiliación sindical del trabajador denunciado. Tal y como denunciamos entonces, este dato no tendría por qué tener relación alguna con los expedientes y podría vulnerar el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos (LOPD).

“A efectos disciplinarios, el único dato relevante del expediente sería su condición o no de representante de los trabajadores”, apuntaba entonces el abogado Jorge Campanillas, que recordaba que la afiliación sindical no es obligatoria para ser elegido. Casi dos meses después, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha rectificado.

El BOE recoge hoy una orden en la que se modifica las particularidades de ese fichero. A partir de hoy, en lugar de recoger la afiliación sindical en los expedientes, se señalará si el funcionario ejerce algún tipo de representación de los trabajadores (“si se trata de funcionarios públicos, la condición de representante de personal o delegado sindical), un dato que sí podría ser relevante en el proceso sancionador, ya que los miembros del comité de empresa y delegados de personal no pueden ser sancionados por actividades desarrolladas durante su función sindical y, en caso de que se les incoe un expediente, tienen derecho a que se consulte al comité de empresa sobre el caso, tal y como marca el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

En el caso del personal laboral, se recogerá “la afiliación sindical y la condición de representante de personal”, añade la orden.

Buenos días.

Fomento calcula finalizar la privatización de Aena, como máximo, el 1 de noviembre de 2014

Etiquetas

,

  • Contratará una asesoría financiera durante 18 meses por 600.000 euros
  • La adjudicación no se realizará mediante contrato público, sino negociado
  • El proceso arrancó hace más de dos años y acumula múltiples retrasos

El Ministerio de Fomento ha publicado la licitación del contrato de asesoría financiera para la privatización de Aena. El importe máximo que pagará por este servicio es de 600.000 euros y el plazo de ejecución es de 18 meses desde el 1 de mayo de 2013. Así, el departamento que dirige Ana Pastor calcula finalizar el proceso de privatización, como máximo, el 1 de noviembre de 2014.

Las fechas para el arranque de la entrada de capital privado han ido retrasándose en los últimos meses. Mientras el presidente de Aena, José Manuel Vargas, anunció en febrero que la privatización se llevaría a cabo “de forma inmediata”, Ana Pastor rebajó los tiempos poco después y calculó que el proceso se iniciaría antes de finalizar el año. De hecho, la privatización de Aena arrancó hace más de dos años con la aprobación por parte del Consejo de Ministros -entonces socialista- de la creación de la sociedad mercantil.

La contratación de una empresa de asesoría financiera no se va a llevar a cabo mediante concurso público, sino a través de un proceso negociado. Las firmas que se postulen tienen de plazo hasta el próximo 22 de abril para presentar sus propuestas.

Tal y como se especifica en las cláusulas administrativas, las funciones del asesor financiero abarcarán desde la redacción de pliegos y planificación del proceso hasta la firma de los contratos de venta de participaciones y la redacción del informe final, pasando por su participación en todas las negociaciones. Estos mismos documentos señalan, además, que el porcentaje de Aena que acabará en manos privadas está “por definir”. El Gobierno ha afirmado en los últimos meses que el Estado seguirá teniendo control mayoritario en la compañía.

Además, las condiciones del contrato recalcan la importancia de la confidencialidad sobre el proceso de privatización por parte de la empresa que resulte adjudicataria. Un secreto “de carácter indefinido” que incluye, de manera específica, la obligación de evitar que los datos registrados durante el proceso lleguen a los medios de comunicación.

Buenos días.

[Gracias a José A. Navas, como siempre, por su ayuda]

Sanidad recorta casi un 20% las ayudas para trasplantes

Etiquetas

, ,

  • Las subvenciones pasan de los 2.559.170 euros de 2012 a 2.059.170
  • La formación y mejora de la calidad pierden casi 400.000 euros de ayudas
  • Las compensaciones por trasplante recibirán 100.000 euros menos

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado hoy la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos. En total, tiene previsto destinar una cuantía de 2.059.170 euros en 2013, 500.000 euros menos que en las convocatorias anteriores. De hecho, en 2010, 2011 y 2012 el presupuesto se mantuvo estable: 2.559.170 euros. Hasta ahora.

El recorte afecta a dos de las patas de estas ayudas: la compensación a centros hospitalarios por trasplante realizado; y la formación de los profesionales sanitarios y mejora de la calidad del proceso. Ésta última es la que sufre el mayor tijeretazo: 393.598,61 euros, ya que pasa de los 1.218.812,06 euros consignados en 2012 a 819.213,45.

La compensación a los centros hospitalarios por los trasplantes realizados durante 2012 pierde, exactamente, 100.000 euros (de 511.834 euros en 2012 a 411.834 para este año). Estas ayudas se reparten entre los centros que hayan realizado trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino y páncreas a un precio mínimo por operación y extracción. Para poder rebajar la subvención, el departamento dirigido por Ana Mato ha reducido las aportaciones mínimas por trasplante (de 30 a 20 euros) y por extracción (de 60 a 50 euros).

Para acabar de cuadrar el recorte, redondo, de 500.000 euros, falta cuantificar las dos últimas patas de estas ayudas: la promoción de las donaciones gana casi 600 euros (se queda en 786.122,55 euros) y las subvenciones para la coordinación y el intercambio de órganos con otros países se mantiene en 42.000 euros.

Buenos días.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 601 seguidores