El BOE de hoy recoge tres órdenes ministeriales que, como se preveía, nombran a Telefónica encargada de tres patas del servicio universal de comunicaciones, regulado por ley: las cabinas de teléfonos, las guías telefónicas y la conexión a la red pública y el servicio de teléfono disponible al público. Lo hace después de que los tres concursos quedaran desiertos.

Si el concurso queda desierto, como ha ocurrido en estos casos, el Gobierno, mediante orden ministerial, puede designar a un operador que tenga un “poder significativo” en el mercado o se encuentre designado en esos momentos para su prestación, tal y como establece el reglamento de comunicaciones electrónicas y servicio universal. Esto es, puede volver a encargarlo a Telefónica, que seguirá ofreciendo estos tres servicios a partir del próximo 1 de enero.

Dos de esos concursos quedaron desiertos porque ninguna compañía se presentó a la convocatoria: el de las guías telefónicas y el de las cabinas, como adelantó El Independiente en un reportaje sobre la desaparición de estos teléfonos públicos. En ambos casos, la orden publicada hoy encarga a Telefónica este servicio por un periodo de un año (2017) que puede prorrogarse a dos y llegar hasta el fin de 2018.

Eso sí, las órdenes también establecen quitarle a Telefónica esta obligación antes del primer año. De hecho, los textos recuerdan que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMT) ya ha advertido que ambos servicios están en claro declive y que el Código Europeo de las Comunicaciones, en fase de aprobación, ya no los incluye. Así, en cuanto la norma quede aprobada no habrá servicio obligatorio ni para guías ni para cabinas, que desaparecerán si ningún operador se interesa por ellas, como parece ser el caso.

El tercer concurso, destinado a mantener la conexión telefónica y de internet y el servicio de telefonía para los usuarios finales, también fue declarado desierto, pero porque la oferta de Telefónica, la única recibida, no cumple las condiciones tarifarias establecidas. En concreto, la mesa considera no se ajusta a los pliegos, que marcan que los precios deben respetar las condiciones de “asequibilidad” establecidas por el Gobierno. Aun así, la compañía ha sido designada para realizar este servicio, con los precios actuales -por el momento- y durante tres años.

En este caso la orden también establece que se puede acortar ese periodo o cambiar las condiciones actuales, puesto que el próximo Código Europeo de las Comunicaciones modifica también este servicio universal de conexión a la red.

Buenos días.

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