El BOE recoge hoy la pérdida de la condición de funcionario de Javier Rodrigo de Santos López, ex concejal de Urbanismo de Palma de Mallorca condenado por gastar 50.000 euros de dinero público en prostíbulos. El juez le impuso dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por malversación de caudales públicos en 2009, en una sentencia que fue declarada firme el 27 de abril de 2010.

La inhabilitación lleva aparejada, por ley, la pérdida de la plaza de funcionario público, que ahora se ha hecho firme, más de dos años después. Eso sí, Rodrigo de Santos -que ocupó diversos cargos de responsabilidad dentro del PP balear- fue cesado en su puesto ya entonces, el 9 de julio de 2010. La sentencia consideró probado que el ex edil utilizó la VISA plata del ayuntamiento para pagar en locales de alterne, una acusación de la que se defendió alegando una adicción a las drogas.

Esta no es la única condena que está cumpliendo Rodrigo de Santos. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares le condenó a 13 años y seis meses de cárcel en 2010 por abuso de menores y delitos contra la salud pública. Meses después, el Tribunal Supremo rebajó la condena a cinco años al considerar que las relaciones sexuales con el menor de 14 años habían sido consentidas.

El mismo BOE recoge otra pérdida de la condición de funcionario, la de Antonio López Carvajal, condenado por la Audiencia Provincial de Alicante por falsedad en documento oficial en un caso de venta engaño a inmigrantes para conseguir los papeles. En este caso, la condena se consideró firme en una fecha más cercana al día de hoy: el 29 de mayo de 2013.

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