El BOE de hoy recoge seis anuncios de interposición de recurso ante el Supremo contra el Decreto de dispensación de medicamentos por parte de los enfermeros: cuatro por parte de gobiernos autonómicos: Navarra, País Vasco, Canarias y Cataluña; y dos presentados por colegios de enfermería, el de Baleares y el de Navarra. Con los de hoy, ya son 15 los recursos presentados hasta el momento contra este decreto.

Y es que ya habían recurrido el decreto la Junta de Extremadura, el Gobierno de Baleares y el de Aragón; los colegios de enfermería de Murcia, Badajoz, la Comunidad Valenciana, el Sindicato de Enfermería (SATSE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, que abrió la veda a mediados de enero. Además, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) presentaron otro recurso conjunto. En total, siete gobiernos autonómicos, seis colegios profesionales y cuatro sindicatos (en dos recursos) han llevado esta decisión del Gobierno ante el Tribunal Supremo.

El decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros fue aprobado el pasado 23 de octubre y publicado dos meses después en el BOE. La creación de esta norma, que llevaba años gestándose, debía corregir el vacío legal en el que se encontraban estos profesionales sanitarios, puesto que habían llegado a ser inhabilitados por dispensar fármacos, como un paracetamol, que no requieren receta médica, y se suelen encargar de la campaña de vacunación de la gripe, entre otras labores que implican la dispensación de fármacos sujetos a prescripción.

Pero el decreto que se acabó aprobando no era lo que los enfermeros habían esperado durante tanto tiempo: solo les permite, tras realizar un curso de 180 horas, dispensar medicamentos sin receta. Para aquellos sujetos a prescripción, deben seguir las pautas del médico que establezca el tratamiento, pero nunca hacerlo de forma independiente.

Cuando el texto se hizo público, las asociaciones de enfermeros criticaron la decisión, asegurando que ese no era el acuerdo al que habían llegado con el Ministerio de Sanidad y que, además, la nueva norma haría inviable, por ejemplo, la campaña de vacunación de la gripe.

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