El BOE recoge hoy los decretos que otorgan la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a siete personas. Todos ellos se aprobaron en el Consejo de Ministros del pasado 11 de diciembre pero, aquel día, el Gobierno solo informó a través de las referencias (el listado oficial de decisiones aprobadas) de cinco de ellas: dos para los padres del opositor venezolano Leopoldo López (aquí y aquí), otra para un nadador colombiano, otra para un escritor mexicano y la quinta para una luchadora de esgrima.

¿Y las otras dos? Una de ellas se otorgó a Moulaye Ely Bouamaton, presidente de Assurances Generales de Mauritania. El decreto de la carta de naturaleza solo afirma, como es habitual, que el Gobierno la ha concedido “atendiendo a las circunstancias excepcionales” de su caso aunque, como la decisión se ocultó en las referencias, el Consejo de Ministros no informó de cuáles son esas circunstancias, al contrario que en las otras cinco nacionalizaciones.

La empresa que preside Moulaye Ely Bouamaton pertenece al grupo familiar Boumaton, vinculado al empresario y banquero mauritano Mohamed Hamayenne Bouamatou, que ya obtuvo la nacionalidad por la vía rápida en junio de 2011 de manos del Gobierno de Zapatero. Mohamed es además patrono de la Fundación Mujeres por África, presidida por la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y que también cuenta en su patronato con Emilio Botín, Florentino Pérez, Esther Alcocer Koplowitz e Isidoro Álvarez, entre otros.

No es la primera vez que una persona vinculada al empresario mauritano recibe la nacionalidad española por decreto. En junio de 2014 el Consejo de Ministros aprobó la nacionalidad a otros cuatro de sus familiares, entre ellos su hija. En ese caso, tampoco se informó de esta decisión en el Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que también en ese caso se anunciaron otras cartas de naturaleza del mismo día.

La otra nacionalización de la que no se informó el pasado día 11 es Sumera Rafiq, una mujer que fue encerrada por su familia para evitar que se divorciara. El Supremo acabó condenando a sus familiares por estos hechos.

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