El Gobierno prometió en enero que enviaría, antes de final de año, una carta para informar sobre su futura pensión de jubilación a los españoles de más de 50 años. El retraso en la aprobación del decreto que debe regular ese envío levantó críticas entre la oposición, que acusó al Gobierno de prorrogar este trámite para evitar que millones de españoles recibieran malas noticias, en forma de una expectativa de pensión menor a las actuales, antes de las elecciones municipales de 2015.

El decreto sigue sin pasar por el Consejo de Ministros, pero la Seguridad Social ya ha firmado el contrato con las dos empresas que se encargarán de su impresión y envío. Según los pliegos de estos contratos, y si dicho decreto no los modifica, las cartas deberían llegar a sus destinatarios antes del 14 de abril de 2015, a poco más de un mes de las elecciones del 24 de mayo.

El BOE de hoy recoge la formalización de dos ambas adjudicaciones, que suman un millón y medio de euros. La empresa Mailfactory se encargará de imprimir las misivas y realizar el seguimiento de los envíos por unos 251.680 euros. Por su parte, Unipost será la encargada del envío postal, con un coste estimado de 1,322 millones de euros. Este precio es el que se ha calculado para ocho millones de cartas, la estimación del Gobierno, pero la compañía cobrará sólo por las misivas efectivamente enviadas. El volumen previsto incluye, además de los servicios postales nacionales, 30.000 envíos a otros países europeos y 20.000 al resto del mundo.

Unipost ya ha sido adjudicataria de grandes contratos de la Administración General del Estado, a los que suele postularse frente a Correos. Así, hace un año el Gobierno le encargó los envíos de la Agencia Tributaria, después de haber rescindido un encargo similar con la misma compañía en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los pliegos del contrato de envío postal establecen que su ejecución se llevará a cabo en los seis meses siguientes desde la formalización, que se produjo el pasado 14 de noviembre. Así, las cartas deberían llegar a los domicilios de los españoles de más de 50 años antes del 14 de abril de 2015.

En todo caso, ambos expedientes van con retraso. Pese a que se adjudicaron en agosto (el 1 el de impresión y el 28 el de envío), su formalización -que marca el arranque de los trabajos- no se firmó hasta noviembre (el 11 el de impresión y el 14 el de envío). La Ley de Contratos del Sector Público establece un plazo máximo de 15 días entre la comunicación de la adjudicación del contrato y su formalización.

El envío de estas comunicaciones, que en los siguientes ejercicios se ampliará al resto de trabajadores, estaba previsto en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que establece el envío de esta información “con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determine”. Esa reglamentación debía haber llegado con el Real Decreto del que se habló en enero pero que, por el momento, no se ha aprobado.

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