El Gobierno ha rebajado de tres a dos años de prisión, para intentar evitar la cárcel, la pena de María Dolores Mateos Sánchez, condenada en 2011 por malversación. La indultada fue uno de los miembros de la ejecutiva del PSOE en Sevilla Este -dirigida por el imputado en el caso de los EREs Ramón Díaz– que se convirtió en empleada pública sin necesidad de oposición gracias a la ley de reordenación del sector público de Griñán, según denunció ABC entonces.

María Dolores Mateos fue designada depositaria, en un juicio, de un Nissan Patrol y un BMW. Cuando requirieron los vehículos, el Nissan apareció sin motor y el BMW, simplemente, no volvió nunca, según explica la sentencia. Su marido, que era abogado de una de las partes, utilizaba el BMW de forma habitual y hasta le llegó a contratar un seguro, con el beneplácito de la acusada. De hecho, la defensa alegó que, tras un accidente en el que el abogado se encontraba en estado de embriaguez, la grúa se llevó el coche. Pero la empresa de grúas respondió que nunca recogieron un vehículo con esa matrícula.

Pese a que la defensa también reclamó la prescripción del caso, la jueza decidió imponerle tres años de prisión e inhabilitación especial de seis años por malversación, ya que la consideró culpable de la pérdida y los daños en los vehículos.

María Dolores Mateos, también abogada, trabajaba en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuando fue condenada. De hecho, pasó al SAE gracias a la ley de reordenación del sector público, ya que hasta entonces trabajaba en la extinta Fundación Andaluza Foro Formación y Empleo (Faffe), a la que había accedido sin oposición.

No es el único indulto firmado en el Consejo de Ministros del 26 de julio cargado de polémica. Ese mismo día conmutaron la pena de un mosso d’esquadra que agredió y detuvo ilegalmente a un anciano tras discutir por una plaza de párking.

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