Presupuestos, subvenciones, recortes y contratos públicos

El Gobierno contratará un estudio para evaluar la viabilidad de una base de datos que relacione ayudas a la investigación con resultados

  • La FECYT licita por más de 200.000 euros el servicio de consultoría previa
  • El contrato no incluye la creación ni puesta en marcha del proyecto
  • Seis personas durante siete meses analizarán la calidad de los datos
  • Si se crea, relacionará subvenciones con resultados y puestos de trabajo

El titular de este post es enrevesado y el anuncio de licitación que publicó el BOE el pasado viernes no lo es menos: la FECYT (Federación Española para la Ciencia y la Tecnología) ha presupuestado en 175.000 euros + IVA un contrato para un “servicio de consultoría para la realización de un estudio de viabilidad de una plataforma de datos que relacione la financiación pública de la investigación con sus resultados“.

En concreto, el trabajo consiste en la evaluación de bases de datos existentes y el desarrollo de una web piloto, pero no incluye la puesta en marcha ni creación de la plataforma. Para realizar este trabajo de asesoría, la empresa que acabe llevándose el contrato pondrá a trabajar, durante siete meses, a un equipo de seis personas: un director de proyecto, un experto en topic modeling, un economista laboral, un analista en política científica y otro en bases de datos, además de un desarrollador web.

Una de las fuentes que deberá utilizar ese equipo es el PAID, la base de datos en la que se listan los proyectos que cuentan con financiación pública, ya sea estatal o de las comunidades autónoma, y que es de acceso restringido, tal y como se establece en los pliegos técnicos. Además, deberán evaluar la información existente en Recolecta -un portal que agrupa los repositorios científicos nacionales- y CVN -un proyecto para agrupar y compartir los curriculum vitae de científicos españoles-.

La empresa encargada de esta evaluación deberá valorar la calidad de los datos y buscar maneras de establecer relaciones entre el dinero público destinado a la investigación y los puestos de trabajo creados o los resultados conseguidos, ya sea en forma de publicaciones generadas o patentes concedidas a cada proyecto. A la hora de elegir entre las empresas que se postulen, el 60% de la puntuación se basará en razones económicas y el 40%, en técnicas.

Si bases de datos como el PAID fueran de acceso público -con las razonables restricciones marcadas por los datos de carácter personal- personas interesadas en la ciencia o en el desarrollo de este tipo de plataformas podrían aportar soluciones a la disyuntiva de cómo relacionar el dinero invertido con los resultados obtenidos, de un modo paralelo a lo que ocurrió en el congreso mexicano.

Buenos días.

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