El Consejo de Ministros acordó, el pasado 28 de diciembre, calificar como muy graves las faltas cometidas por Olga García Frey mientras fue directora general del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre el 18 de septiembre de 2009 y el 2 de febrero de 2012. La sanción, que ha sido publicada hoy en el BOE, considera que incurrió en un conflicto de intereses y veta su nombramiento para cualquier alto cargo público durante siete años.

La ex directora del ICO ha sido sancionada por un incumplimiento de las normas de incompatibilidades de altos cargos públicos que marca la Ley 5/2006 de 10 de abril y que incluye entre estos supuestos el deber de inhibición y de abstención en decisiones tomadas desde órganos públicos que afecten a empresas en las que el alto cargo haya tenido o tenga intereses. Antes de dirigir el ICO, García Frey era consultora senior de PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las empresas más importantes del mundo en su sector.

Sólo en los cuatro meses que pasaron desde su nombramiento, en septiembre de 2009, hasta que finalizó ese año, el ICO licitó a PwC contratos por valor de 899.000 euros. En los años siguientes de su ejercicio en el cargo, las licitaciones a la consultora siguieron siendo una constante y, en algunos casos, se otorgaron a través de procedimientos negociados sin publicidad (aquí, un ejemplo).

La ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos establece que el empleado público debe informar de su ocupación y sus intereses empresariales y laborales de los dos años anteriores al nombramiento y que deberá abstenerse en decisiones que afecten a esos intereses. Además, establece los límites de la dedicación exclusiva al cargo público, las limitaciones en participaciones societarias y los límites al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

En la actualidad, García Frey es directora de la delegación en Madrid de ACC1Ó, una agencia adscrita a la Generalitat de Catalunya dedicada al fomento de la innovación y la internacionalización de las empresas catalanas en el exterior, que cuenta con 34 oficinas en todo el mundo. De hecho, pocas semanas después de finalizar su andadura en el ICO, fue designada para dirigir esta oficina de asesoría a empresas catalanas en Madrid impulsada por la delegación del Govern en la capital.

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